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PUERTO RICO: GÉNESIS DE UNA DEUDA QUE NO LE PERTENECE

Por: Rosa Meneses Albizu-Campos

RS Territorial Tesoro de Cuba

Se alega, que Puerto Rico posee una deuda pública de más de 70,000 millones de dólares.  Puerto Rico es una colonia producto de la invasión militar perpretada en 1898 por  Estados Unidos de Norteamérica, quien es la potencia administradora. Todos los poderes del gobierno estadounidense han admitido que Puerto Rico es un territorio que pertenece a los Estados Unidos, pero que no es parte de ellos y que la soberanía del territorio reside en su Congreso. Para obligar a la colonia a pagar la alegada deuda, el Congreso imperial promulgó la ley PROMESA que dio vida a la Junta de Control Fiscal cuya misión es reunir el dinero[1] para pagar a los fondos buitres de su patio quienes reclaman el pago de los créditos concedidos a los lacayos del imperio en la administración de la colonia. Nuestra posición es que esa deuda no le pertenece a la nación puertorriqueña.

La Ley Foraker

El 12 de abril de 1900, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Foraker, Primera Carta Orgánica para Puerto Rico, “para proveer temporalmente de rentas y de un gobierno civil para la Isla de Puerto Rico y para otros fines”. Lo de civil no fue nada más que un mero cambio de nombre pues hasta hoy Puerto Rico es una nación intervenida militarmente. Mediante esta ley Estados Unidos dio forma a un denominado gobierno para Puerto Rico cuyo ejecutivo sería un gobernador nombrado por el presidente estadounidense; una Asamblea Legislativa compuesta por una Cámara de Delegados de elección colonial y un Consejo Ejecutivo cuyos miembros eran nombrados igualmente por el presidente de Estados Unidos, haciendo el imperio reserva del derecho a modificar o anular cualquier ley que promulgara esta Asamblea. Dio forma a un sistema judicial que comprendió una corte federal, primero militar y luego civil,  y las denominadas cortes insulares, cuyos funcionarios eran nombrados por el presidente estadounidense. Reconoció la ciudadanía puertorriqueña en aquellos que no hubieran expresamente jurado lealtad al gobierno español y creó el denominado pueblo de Puerto Rico que dijo estar compuesto por los ciudadanos puertorriqueños y los estadounidenses que vivieran en la isla para cuya administración organizó el llamado Gobierno de Puerto Rico. Aplicó sus tarifas arancelarias y extendió al territorio invadido su ley de cabotaje que impuso un monopolio a favor de los intereses imperiales en el transporte marítimo. Dispuso que los gastos de la intervención yanqui en Puerto Rico serían cubiertos por la corporación por ellos creada denominada el pueblo de Puerto Rico, concepto que no debe ser confundido con el de la nación puertorriqueña, en lo que denominó presupuesto colonial. Con esta ley, el imperio destruyó la economía puertorriqueña existente a esa fecha en favor de los intereses yanquis, principalmente sus monopolios azucareros. Como años más tarde diría Pedro Albizu Campos “las intervenciones extranjeras se ejercen para beneficio exclusivo del imperio y en perjuicio de las naciones intervenidas”.

La Ley Jones

El 2 de marzo de 1917 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Jones  destinada a “proveer un gobierno civil para Puerto Rico y para otros fines”. Facultó al gobernador, designado por el Presidente estadounidense, a elegir a sus secretarios excepto el de educación. El procurador general, el contralor, los jueces del tribunal supremo de Puerto Rico serían igualmente designados por el Presidente. Estableció una Asamblea Legislativa bicameral de Cámara y Senado con  miembros electos en comicios coloniales. Su legislación, limitada a asuntos locales, quedó sujeta al veto del Gobernador y por último del Presidente. El Congreso estadounidense se reservó el derecho de enmendar o anular cualquier disposición legal aprobada por la Asamblea Legislativa colonial. Se mantuvo la imposición a la nación puertorriqueña del pago de los gastos de la intervención estadounidense identificado eufemísticamente como el presupuesto insular. Impuso a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense viabilizando su utilización en la Primera Guerra Mundial y arrebatándoles su única y verdadera identidad.. “La extensión de la ciudadanía por un imperio a los naturales de una nación invadida por él, dijo Pedro Albizu Campos, es con el propósito deliberado de atomizar su resistencia colectiva. Así se disuelve formalmente la nacionalidad. El imperio en lugar de tener de frente a un país constituido con organismos gubernativos exclusivamente responsables a los gobernados y que pueda ofrecerle resistencia a su política, tiene a una masa de ciudadanos suyos, dispuestos a cooperar con su política para destruir la nacionalidad que esos mismos naturales constituyen. Carentes de personalidad colectiva, esos ciudadanos jamás pueden hacer reclamo al imperio que no sea individual y ya sabemos que el individuo frente al imperio es absolutamente impotente”. En la apelación del caso del luchador nacionalista Luis F. Velázquez ante el tribunal Circuito de Boston temprano en la  década del treinta, el Juez Morton, consecuente con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 1922 en Balzac v Puerto Rico, 258 U.S. 298, señaló el alcance de esta ley cuando dijo: “Existe una sola soberanía en Puerto Rico, la de Estados Unidos. Para los fines de gobierno propio en asuntos locales, Estados Unidos ha puesto por ley un gobierno local. El Pueblo de Puerto Rico. Pero el gobierno insular en ningún sentido es un estado independiente, es la criatura  del Congreso y puede ser abolido o cambiado según plazca al Congreso. Las leyes que hagan derivan su sanción de la autoridad de Estados Unidos”.  Esta es la definición jurídica de la intervención militar estadounidense en Puerto Rico: “una nación que en 1898 fue privada de su independencia  por la invasión militar de Estados Unidos que ha usurpado desde entonces su soberanía imponiéndole un régimen interventor de tipo colonial”.  La Ley 600 que dio vida al Estado Libre Asociado y su Constitución en el 1952 en nada cambió esta realidad.

La Ley 600 y la Constitución del ELA

El 30 de junio de 1950 Truman firmó la Ley 600 por la cual se autorizó un referendum para Puerto Rico para éste decidir si aceptaba o rechazaba la potestad de darse una Constitución dentro de los límites que esa ley estableció. ¿Y cuáles eran esos límites? Pues convertir la Ley Jones de 1917 en la Ley de Relaciones de los Estados Unidos con Puerto Rico. Se trató de una simple ratificación de las relaciones políticas, económicas y sociales existentes hasta entonces entre Puerto Rico y la metrópoli a cambio de una autonomía local que no va más allá de los asuntos de carácter interno y puramente administrativos que no revistan cierta importancia. La ley debía ser aprobada por los votantes en Puerto Rico. Una vez aprobada, la legislatura insular quedaba autorizada a elaborar una Constitución para Puerto Rico. Adoptada la Constitución por el pueblo de Puerto Rico, el Presidente de Estados Unidos quedó autorizado a transmitir la misma al Congreso, sólo si estimaba que dicha Constitución estaba de acuerdo con las disposiciones de la Ley 600 y la Constitución de Estados Unidos. Se trató de una constitución viciada de origen. Sólo institucionalizó las relaciones impuestas por la Ley Jones y  fue elaborada sin un poder constituyente. El acto constituyente es el acto primordial y originario de soberanía. El poder constituyente no puede hallarse sometido a ningún precepto positivo anterior. Es un poder fundador, soberano. Es inconcebible que una Constitución se subordine a otra anterior y se haga dependiente de ella. La Ley 600 fue una maniobra legalista fraudulenta que mantuvo en pleno vigor las disposiciones de la Ley Jones. El poder constituyente pertenece a la nación puertorriqueña de manera plena, indivisible, eficaz, inalienable, indelegable e imprescriptible. El establecimiento de las regulaciones absolutas impuestas a los llamados constituyentistas puertorriqueños de 1952, la Ley 600 y la propia Constitución estadounidense, es una negación absoluta del poder constituyente, de la capacidad y del poder originario. Y siendo así, la llamada Constitución de 1952 re adquiere su título originario: Ley Jones de 1917. Y, como afirmara el destacado jurista cubano, Dr. Miguel A. D’Estefano,  los actos realizados a su amparo tienen sólo el valor que tienen todos los actos de aquellos constituyentistas sin poder constituyente: ningún valor. A esta Constitución el nacionalismo puertorriqueño la llamó la constitución de la esclavitud.

El Estado Libre Asociado

Criatura de la Ley 600. No tiene ninguno de los atributos de un Estado. Es un estado sin ciudadanía porque le está vedado intervenir en este asunto. Estados Unidos sigue afirmando que los puertorrriqueños son ciudadanos de Estados Unidos. Es un estado sin dominio sobre la moneda, tiene que usar la extranjera impuesta, el dólar.  Este estado no puede mantener relaciones internacionales, es un estado al que ningún Estado reconoce.  Estados Unidos sostiene esas relaciones a nombre de Puerto Rico, sin reconocer derecho a su criatura - el Estado Libre Asociado-  a relacionarse con nadie. Por lo tanto, tampoco puede celebrar tratados internacionales económicos ni de ninguna índole, indispensables para la vida de un país libre e independiente. No tiene dominio sobre los transportes, ni marítimos ni aéreos. Es un estado donde predomina el capital ausentista imperial, donde el mercado exterior se reduce a uno, el de Estados Unidos, y donde existe una hegemonía bancaria y de seguros, es decir, dominio del crédito. Es un estado al que se le imponen tratados comerciales negociados y aprobados exclusivamente por Estados Unidos sin tomar en cuenta las necesidades de los puertorriqueños. Ese famoso estado, no tiene ni un correo propio donde echar una carta. Así hasta el infinito. Pero ese estado sí tiene una gran responsabilidad de esclavo: recaudar el dinero, forzosamente para cubrir los gastos del “gobierno” de la intervención militar de Estados Unidos en Puerto Rico.  Esa es su gran labor. El esclavo que no está dispuesto a pagar su libertad, será obligado a pagar su esclavitud. Ése es el llamado presupuesto insular, el presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se creó desde la Ley Foraker y que no es más que el costo de la administración de la colonia para el imperio. Esa deuda no le pertenece a la nación puertorriqueña. La deuda creada por quienes representan al imperio en la colonia y para los intereses de ese imperio, sólo le pertenece a él.  En todo caso, es el imperio quien debe a Puerto Rico por todos los años de explotación de su territorio y de su gente; por los más de cien años de experimentaciones en sus bosques, mares y en los seres humanos que conforman la nación puertorriqueña; por la sangre puertorriqueña derramada en sus guerras injustas alrededor del mundo; por las muertes así como el sufrimiento causado a la familia puertorriqueña a lo largo del siglo de ocupación con la represión y persecución de todos aquellos que lucharon por la libertad de su Patria. La nación puertorriqueña es acreedora de una indemnización por todo esto y por el genocidio implementado por el imperio mediante  la esterilización  masiva de sus mujeres, la inoculación del virus del cáncer en pacientes hospitalizados, por  el envenenamiento de la naturaleza y los habitantes de Puerto Rico mediante fumigaciones de poblaciones enteras y vacunaciones viciosas de las niñas y los niños puertorriqueños, entre tantos otros crímenes implementados por el imperio contra la nación puertorriqueña.



[1] Para lograr su objetivo se están cerrando escuelas, despidiendo trabajadores público entre ellos maestros, se está tomando control de los fondos de retiro de esos empleados y reduciendo las pensiones a los ya retirados; se venderán propiedades al mejor postor; se intervendrán con todos los fondos identificados; se están afectando los servicios de salud, etc.

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